Últimamente somos noticia cada dos o tres semanas. Antes fue el padre “Pato”, digno representante del integrismo sureño, vecino de la sede del “Verbo Encarnado” en San Rafael, haciendo que los Lutherieses se pusieran a cantar una tonada, porque el sketch sonaba a que le iban a faltar el respeto a su sotana (perdón la cacofonía), porque eso, en su extrañísima escala de valores, es más grave que te violen una hija.
Un par de semanas después se produjo la revelación de vídeos de torturas en el Penal de San Felipe que nos ponen a la altura de la cárceles de Guantánamo o Abu Dabi.
Uno, con todo respeto, podría decirle a Dolina que las puertas del infierno no se abren en Flores, sino un poquito más al oeste cerca del Aconcagua, como yendo para Chile, siguiendo la ruta 7.
Las largas sombras del pasado
El penal de Mendoza tiene una trayectoria importante respecto de los malos tratos, torturas e inclusive asesinatos, de hecho, formó parte del engranaje del Terrorismo de Estado de la pasada dictadura, allí fueron a parar los presos a disposición del PEN que después fueron llevados a Devoto o la U9 de La Plata, como Antonio Di Benedetto y Ángel Bustelo, entre tantos otros, en la infinita progresión de la tortura y la incertidumbre de los traslados.
De los testimonios que se brindan en el juicio que se desarrolla actualmente surge que el recibimiento en la Penitenciaria a los que venían de los CCD era pródigo en palizas y amenazas. Los hacían pasar entre dos filas de penitenciarios que les daba palos, trompadas y patadas, para que después el médico les diera una aspirina por toda atención. Era el reino de las “tres B”, Bianchi, Balmes y Barrios, penitenciarios bajo el mando de Naman García, director del penal desde el 24 de julio de 1976, denunciados ya ante la CONADEP y antes ante CIDH.
"A partir de que Naman García se hizo cargo del Penal, éste se convirtió en un centro de interrogación. Eramos torturados con picana eléctrica y golpes. Asimismo, en numerosas oportunidades fuimos llevados a la Compañía de Comunicaciones y al Comando de Servicios. Asimismo, a partir de octubre de 1976 fueron sacados detenidos para el Campo Los Andes, en grupos de a tres," (Guillermo Martínez, Legajo N° 6892 CONADEP).
De ahí en más la Casa de piedra, como la policía de la provincia fue infestada con la impronta de tipos como Santuccione, quien fuera Jefe de la Policía y que habría conducido también el Comando Pío XII y el CAM (Comando Anticomunista Mendocino), ambos responsables de atentados, secuestros y asesinatos en los días previos al golpe de estado.
Los abusos constantes fueron una marca imborrable, incluso durante la democracia, en el año 2000 se produce un motín, durante la vendimia, en el gobierno del mula Iglesias, cuando Cobos todavía era su ministro de Obras Públicas. Unos meses antes, en enero, se había rechazado un hábeas corpus presentado por abogados defensores de los derechos humanos (a los que algunos llaman garantistas con cierto fruncimiento de nariz), reclamando por las condiciones inhumanas de encierro (hacinamiento, falta de higiene y recreos). En ese momento dirigía el penal Alejandro Espeche quien a fines del año anterior había encontrado en un cuarto cerrado – como antes sucedió con los libros secuestrados en el D2 – los legajos de los presos políticos del Terrorismo de Estado, algunos de los cuales se encuentran desaparecidos, la documentación fue entregada al Ministerio de Seguridad, en manos de Leopoldo Orquín y no se han recuperado desde entonces.
El motín fue bastante llamativo, Espeche pretendía implementar un nuevo régimen de convivencia en la cárcel, reformular la evaluación de la conducta de los internos a fin de obtener la condicional y otros beneficios, etc. La represión posterior fue brutal. Entró infantería y durante días los familiares no tuvieron acceso a los internos.
En julio se presentó un nuevo hábeas corpus, cuyo efecto fue suspendido por la 6ta Cámara del Crimen, en razón de que las “cuestiones políticas no les competen a la justicia”, mientras la situación se agravaba.
En el juicio que se llevó a cabo en el año 2007 por el motín vendimial – tras la muerte de dos de los presos considerados líderes del motín y que fueron ejecutados el mismo día (18/06/2006) en que fueron trasladados al penal de Mendoza para declarar en dicho proceso –, Espeche declaró que los amotinados no querían nada y que ni siquiera habían formulado un petitorio. "Los únicos términos que pusieron fueron que los familiares de los presos estén bien". "No estaban los presos más representativos. Fraile era el más ubicado. Los verdaderos instigadores estaban adentro del Gobierno y del servicio penitenciario. Y hay indicios para investigar estos temas", dijo. Agregó que el penitenciario Oscar Bianchi increpó al director afirmando que los presos "se fugaban de a cientos por el murallón".
A las muertes de Ferranti y Gómez que también fueron a juicio, deben sumarse los asesinatos de Samborowsky el 17/03/01 en la cárcel de Rawson y Sergio Frigolé el 14/01/06 en el penal de Ezeiza, ambos internos involucrados en el motín vendimial.
El 12 de julio de 2006 son asesinados el psicólogo del Penal Dr. Flavio Piottante y su paciente Estrella Libedinsky, crimen que rápidamente fue desvinculado del caso del motín vendimial, adjudicándole un móvil pasional y un sospechoso, Mauricio Suárez, que se esfumó con una eficiencia digna de la pantera rosa, sin dejar ningún rastro. Este doble crimen continúa impune.
En el año 2004 la situación del penal de Mendoza tomó estado no sólo público, sino que además intervino la CIDH y el gobierno de la provincia y el de la Nación fueron citados a sendas audiencias públicas en Asunción, Brasilia, Méjico y Quito, y se dictaron medidas provisionales el 22 de noviembre, que incluyeron la construcción de un nuevo penal en Cacheuta, la demolición de pabellones obsoletos en la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer, la modernización del servicio penitenciario local y medidas tendientes a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad de conformidad con las normas internacionales en vigor. Ello no mejoró sustancialmente la situación penitenciaria. Sin embargo, desató algunas ocurrencias como privatizar la cárcel, como resabio de aquellos años dorados en los que se soñaba que la empresa constructora española que representaba el cuñado presidencial, involucrado en los vuelos de la muerte, se haría cargo de las construcciones y refuncionalización del penal.
El ministro de Justicia y Seguridad de Cobos (entonces gobernador), Roberto Grillo, ironizó que tras los reclamos existían intereses económicos, para minimizar la situación, pero entre el 13 y el 17 de diciembre de 2004 la Comisión Interamericana visitó la cárcel. El presidente de la CIDH, Florentín Menéndez, concluyó diciendo “Hemos constatado que la situación en la cárcel no es grave, es gravísima” . Grillo continuó mirando para otro lado intentando buscar explicaciones falaces y demonizar a los organismos de derechos humanos, como eje central de su radical política.
Pero el horror se siguió repitiendo y cobrándose vidas, no sólo en la antigua Penitenciaría de la calle Boulogne Sur Mer, sino en la granja penal de Gustavo André, en la que en un incendio provocado por una protesta de internos terminó con la vida de Carlos Marcelo Villarruel, Sergio Darío Reynoso, Mario Guillermo Andrada, José Alejo Falcón y Javier Antonio Gualpa y 6 heridos de diversa consideración, al igual que dos guardias, resultado en el cual fue determinante la inacción de los guardiacárceles.
El 22 de junio de 2005 apareció ahorcado el adolescente Ricardo David Videla, cuyo caso estaba siendo apelado ante organismos internacionales, y que pese a los resultados de la pericia se insistió en que se trataba de un suicidio.
En el año 2005 se produjeron dos motines que motivaron el desplazamiento de Sergio Miranda y su reemplazo por Omar Pérez Botti en la dirección del penal. La brutal represión posterior llevó a la presentación de recursos y denuncias por los maltratos, abusos y torturas. En tal oportunidad se denunció a un grupo de penitenciarios: Orlando Dalesio, Aníbal Mateo, Antonio Serna, Oscar “el indio” González, Enzo Quiroga, José Ricardo Luvello, Irma Agüero, Pedro Bringa y Antonio Acevedo. La investigación de los motines fue suspendida y los penitenciarios cuestionados en su mayoría retomaron sus funciones.
En abril de 2006, la Corte Interamericana presentó un fallo contra el Estado, en el que le exigió que “adopte en forma inmediata e inexcusable” medidas “efectivas” para proteger a los reclusos. Es verdad que se han tomado algunas medidas, pero sucesos como los que muestran los videos son prácticas habituales, no sólo de esta cárcel del infierno sino de todo el sistema penal argentino, que reclama, claro más en Mendoza que en otros lugares, una reforma integral que modifique sustancialmente las actitudes del personal penitenciario y las condiciones materiales de existencia para que efectivamente, las cárceles sean sanas y limpias para asegurar la rehabilitación y la reinserción social.
Todo esto forma parte de una política integral de seguridad, que los impulsores de las políticas de mano dura, en su infinito cinismo, presentadas a la sociedad como novedad periódicamente, obvian completamente como si se tratara de un basurero, del cual nadie tiene que responsabilizarse.
