El represor Eduardo Smaha Borzuk recientemente liberado obtuvo permiso del Juez Federal Walter Bento para pasar 15 días de vacaciones en Mar del Plata.
El Ruso actuó en el centro clandestino de detención D-2 (en dependencias del Palacio Policial) entre los años 1973 y 1981, está acusado de participar en los asesinatos de Francisco "Paco" Urondo, Héctor Brizuela y Alberto Molina, además del secuestro de Pablo Seydel y Marta Agüero, también estuvo procesado por tormentos seguido de muerte de Miguel Angel Gil, la desaparición de los militantes Jorge Vargas Álvarez, Rosario Aníbal Torres, Juan Domingo Britos, José Antonio Rossi y Alicia Cora Raboy, siendo beneficiado con la impunidad otorgada por la ley de Obediencia Debida. Como miembro del COT (Comando de Operaciones Táctico) era uno de los principales interrogadores del D2. Formaba parte de la patota que efectuaba los secuestros y las sesiones de tortura en ese centro clandestino, según el testimonio de 14 policías, en declaraciones efectuadas en sede judicial.
Fue (o es) Subdirector Técnico de la agencia de Seguridad Privada Aconcagua S.R.L. La empresa fue habilitada el 13 de julio de 1999 según una resolución otorgada por el Registro Provincial de Empresas Privadas de Vigilancia (REPRIV) dependiente del Ministerio de Seguridad, a cargo en ese entonces de Alejandro Cazabán.
Recientemente, el 12 de noviembre, la Cámara Federal de Mendoza (integrada por Alfredo Juan López Cuitiño; Carlos M. Pereyra González; Julio Demetrio Petra Fernández, Luís Francisco Miret, Antonio Alberto Endeiza y Otilio Roque Romano, la mayoría provenientes de la dictadura) le otorgó el beneficio de la libertad, en base a la doctrina sentada en fallo Díaz Besone, que también inspiró las libertades de otros dos represores Mussere y Fernández. Finalmente el juez Bento se apiadó del estado emocional del genocida y decidió darle permiso para ir a tomar sus merecidas vacaciones en las playas marplatenses.
La Cámara este mismo año, en la causa por los asesinatos de Amadeo Sánchez Andía y de Víctor Romano Rivamar, dictó la falta de mérito (con su correspondiente liberación) a Rodolfo “Willy” Cardello, Luis José Mirotta, Marcelo León, Carmelo Cirella Paredes, todos integrantes de la Policía Federal; y a quien fuera el jefe de Inteligencia de la fuerza (que estaba prófugo) Ricardo “El Ruso” Aleks, quien tras estas liberaciones finalmente decidió presentarse, con la casi absoluta seguridad de quedar libre.
En virtud de este accionar que beneficia constantemente la situación de los imputados por los crímenes de lesa humanidad, se ha presentado un pedido de juicio político contra los jueces de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones, Alfredo Juan López Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra Fernández.
Este jueves 18 de diciembre nos concentramos en Tribunales Federales para:
- Repudiar las excarcelaciones de los asesinos de la dictadura
- Exigir la realización de los juicios orales en Mendoza
- Pedir el Juicio Político a la Cámara Federal que protege a los genocidas
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