La transmisión de Canal 7 la TV Pública se suspendió abruptamente en la provincia de Mendoza a raíz de un recurso de amparo persentado por Estornel.
El socio de Vila-Manzano y dueño también de Supercanal SA, aduce que la señal pública y gratuita interfiere la de uno de los canales de cable.
Es necesario tener presente que antes de la llegada de la repetidora del canal público nacional, éste se veía sólo a través de dicho operador de cable, que cobraba (y cobra) por lo que en otros lugares es gratuito...
La jueza Olga Arrabal, a cargo del 2º Juzgado Federal de Mendoza que hizo lugar al amparo, casualmente (o como diría Menem, en virtud de la casualidad permanente), vive en el barrio Dalvian SA, conjunto habitacional que pertenece al otro socio de Supercanal SA, Vila, que mantiene un litigio por tierras que pertenecen a la UNC.
Está claro que el Sr. Vila tiene un profundo conflicto en aceptar el "dominio público" y el "bienestar general", sobre todo en tanto y en cuanto considera que puede hacerse de un morlaco a costa del erario público.
Está circulando un petitorio para presentar ante las autoridades provinciales, lo podés encontrar en
Que vuelva la Tele Pública a Mendoza, para que defiendan los intereses de los ciudadanos de Mendoza (todos, o su gran mayoría), lo que es incuestionable hasta para una Jueza de la Nación que viva en un barrio que pertenece a una de las partes en conflicto, como es EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.
Esta es la información de prensa local a la que podés acceder:
El diario Los Andes informaba
Canal 7 Argentina interrumpe su emisión en MendozaLa llegada de la señal estatal se festejó en el Independencia. Pero duró poco.
Hace poco más de un mes, el ex gobernador Julio Cobos, periodistas, actores y otros políticos celebraron en el Teatro Independencia el inicio de la emisión de Canal 7 –ex ATC- en Mendoza. Fue el 4 de diciembre. Hoy, la señal se ha dejado de ver.
A un mes en el aire, el canal ha tenido que interrumpir sus emisiones por orden judicial. Lo ordenó la jueza Olga Arrabal, a cargo del Segundo Juzgado Federal de Mendoza.
La orden dice "En forma inmediata, a fin de no interferir en la grilla que con igual número ocupan las empresas de televisión por cable de la ciudad de Mendoza".
La jueza tomó esta medida cautelar ante una nueva presentación del Grupo Vila-Manzano –ahora a través de la empresa Jorge Estornell S.A./Supercanal- que invoca supuestas interferencias en el servicio de televisión por cable.
"La medida pone nuevamente en debate el derecho a la información y el acceso gratuito de los ciudadanos a los servicios abiertos de radiodifusión, tal como había sucedido en el caso de San Rafael, donde los mismos operadores privados habían invocado los argumentos de la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar para tratar de impedir las emisiones de la televisión pública", asegura un comunicado de la emisora estatal.
El grupo Vila-Manzano denuncia supuestas interferencias que las señales de radiodifusión abierta ocasionan en los servicios de televisión por cable. "De ser ciertas deberían provocar el levantamiento de todo el sistema de televisión gratuita, dado que sus emisiones podrían interferir la grilla que coincida con la frecuencia asignada a cada canal de televisión abierta por los operadores privados", asegura el canal.
No es la primera vez que el grupo Vila-Manzano solicita que se retire la señal estatal. En abril, Canal 7 comenzó a emitirse en San Rafael, pero a través de Telesur el grupo pidió que se interrumpiera la señal y el juez federal Raúl Acosta hizo lugar al pedido.
A partir de allí actores, periodistas y directivos del canal organizaron manifestaciones y sesiones informativas en San Rafael, que terminaron con la autorización para comenzar a transmitir en toda la provincia. El 4 de diciembre llegó la señal. Pero hoy, los que no tienen cable vuelven a tener sólo dos canales.
La Televisión Pública tuvo que levantar su señal en MendozaEn diciembre pasado hubo un acto en el teatro Independencia por la llegada del canal 7 Buenos Aires.
Eduardo Ayassa - eayassa@losandes.com.ar
Doña Elvira Martín madrugó agobiada por el calor, prendió el viejo televisor y ahí se sorprendió. La pantalla mostraba la tradicional lluvia que en buen romance significa sin señal. Y se quedó sin ver la Television Pública, que hace poco más de un mes se anunciaba con bombos y platillos. La consulta se extendió entre sus vecinos del barrio Fuchs, en Godoy Cruz y al final descubrió que no era una falla de su televisor sino que nadie en la cuadra tenía acceso al canal que, desde Buenos Aires, le mostraba el país y su gente.
Lejos de los barrios, sobre el escritorio de la jueza Olga Arrabal de Canal, estaba una resolución que fue rubricada el 27 de diciembre, pero que recién fue notificada a las partes el último viernes. Y que, en su parte más sustancial, se ordenaba a "la Televisión Pública" (Canal 7, ex ATC) para que "se abstenga de retransmitir, en forma inmediata, su señal en la frecuencia de aire Nº 11, a fin de no interferir en la grilla que con igual número ocupan las empresas de televisión por cable de la ciudad de Mendoza.
"En todo momento quise evitar lo ocurrido en San Rafael. Por eso yo no hablo del Canal, sino que sólo me refiero a la frecuencia de aire número 11", porque la presentación del canal mendocino hablaba de que "esa señal interfería su propia programación". Así lo aseguró a Los Andes la titular del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza. Y aclaró: "No pedí que se bajara la señal, sino que se evite interferencias a los reclamantes".
Desde la Televisión Pública" también se habló del problema aunque técnicamente: "La ubicación de las señales no es caprichosa ni responde a criterios unipersonales, sino que las grillas son asignadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), contando con la supervisión de su funcionamiento por parte del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer)", explicó Luis Lazzaro, responsable del área de comunicación del canal capitalino.
Más adelante el funcionario nacional recordó que "como consecuencia de las reformas realizadas en democracia a la Ley de Radiodifusión se establecieron las bases técnicas y jurídicas para la puesta en funcionamiento de la estación repetidora de Mendoza a través de la frecuencia 11, cuya inauguración se produjo el pasado 4 de diciembre".
Al profundizar sobre este nuevo conflicto (antes se vivió una situación similar en San Rafael) expresó: "El grupo Vila-Manzano denuncia supuestas interferencias que las señales de radiodifusión abierta ocasionan en los servicios de televisión por cable. De ser ciertas deberían provocar el levantamiento de todo el sistema de televisión gratuita, dado que sus emisiones podrían interferir la grilla que coincida con la frecuencia asignada a cada canal de televisión abierta por los operadores privados". Tras lo cual adelantó que esta medida será "apelada" con la urgencia que la gente espera.
Por su parte, Ariel Roberts, coordinador de marketing de Uno Medios, respondió asegurando que el reclamo fue por "partida doble". Primero por la "confusión" existente entre los dos canales "7", esto teniendo en cuenta que el canal mendocino "si bien es privado también es público" y otro más severo como es la "interferencia" que la señal provoca en el número 11, grilla que desde siempre es utilizada por Canal 7 Mendoza. "Con esos argumentos se hizo una presentación judicial, a la que respondió favorablemente la jueza", concluyó.
La medida fue cumplida y la señal ya no está en aire situación que, apelación mediante, será resuelta en el futuro.
La juezaOlga Pura Arrabal de Canal, es desde setiembre de 2005 la primera mujer en la historia de la Justicia Federal en la provincia en ocupar el cargo de jueza. Fue elegida después de postularse y competir con otros 10 candidatos, reemplazando en las funciones al abogado Bernardo Calderón, quien desde hace unos años subrogaba ese cargo, que también supo ocupar Walter Rodríguez, el magistrado cuestionado por la entrega de la documentación a Monzer Al Kassar "en tiempo récord".
Hoy la magistrada que firmó esta resolución está casada y tiene 3 hijos. Estudió en la Universidad de Mendoza, cuenta entre otros, con un Magister en Administración de la Economía y acumuló como antecedentes laborales, casi 24 años en la Secretaría Federal de Mendoza. En octubre último, su nombre fue mencionado cuando denunció ante el Consejo de la Magistratura una supuesta falsificación de documentos públicos.
