Como no podía ser de otra manera, la asociación de supuesta "protección al ciudadano" y que no es más que una organización de la familia policial, ha salido al cruce de las denuncias efectuadas por los organismos de derechos humanos, con el firme propósito de respaldar al Comisario (R) Carlos Rico, cuestionado por su actuación durante la última dictadura militar.
No es ninguna novedad que la APAC, presidida por Gloria Dávila es una ferviente defensora de los policías, más aún la citada asociación no se inmuta en absoluto porque sus defendidos sean delincuentes, al contrario, los integrantes de la APAC desconocen supinamente la noción de violaciones a los derechos humanos, y no consideran que tales acciones merezcan alguna clase de condena, a luz de sus declaraciones.
Como vocera de la familia policial, la asociación, revela que su concepción de la seguridad está muy alejada del respeto de las libertades y garantías, por el contrario, en forma completamente coherente con la ideología de la doctrina de la seguridad nacional, identifica como enemigos a las libertades democráticas y a la militancia política y social como un flagelo digno de ser erradicado.
Es claro que el tema de la seguridad es encarado sin seriedad y sin ánimo de resolver realmente la situación, sólo en el afán de reclamar más poder para los uniformados y más impunidad para su accionar, en particular cuando éste concluye con muertes de jóvenes de barriadas humildes.
La "mano dura" es una ficción de seguridad, en la que la reducción de garantías y libertades conspira contra la real seguridad. Quienes la sostienen utilizan el miedo que ha generado la delincuencia, sin decir claramente, que la falta de eficacia en el combate del delito es multicausal, y una de las razones es la vinculación económica y política de los funcionarios policiales con el crimen. Ejemplo claro de esto son los delitos vinculados a los automotores, por el negocio de los desarmaderos, y la trata de mujeres, que al atravesar varias jurisdicciones sólo es posible por la aquiescencia de las fuerzas de seguridad en las fronteras interprovinciales, entre otras.
No es ninguna novedad que la APAC, presidida por Gloria Dávila es una ferviente defensora de los policías, más aún la citada asociación no se inmuta en absoluto porque sus defendidos sean delincuentes, al contrario, los integrantes de la APAC desconocen supinamente la noción de violaciones a los derechos humanos, y no consideran que tales acciones merezcan alguna clase de condena, a luz de sus declaraciones.
Como vocera de la familia policial, la asociación, revela que su concepción de la seguridad está muy alejada del respeto de las libertades y garantías, por el contrario, en forma completamente coherente con la ideología de la doctrina de la seguridad nacional, identifica como enemigos a las libertades democráticas y a la militancia política y social como un flagelo digno de ser erradicado.
Es claro que el tema de la seguridad es encarado sin seriedad y sin ánimo de resolver realmente la situación, sólo en el afán de reclamar más poder para los uniformados y más impunidad para su accionar, en particular cuando éste concluye con muertes de jóvenes de barriadas humildes.
La "mano dura" es una ficción de seguridad, en la que la reducción de garantías y libertades conspira contra la real seguridad. Quienes la sostienen utilizan el miedo que ha generado la delincuencia, sin decir claramente, que la falta de eficacia en el combate del delito es multicausal, y una de las razones es la vinculación económica y política de los funcionarios policiales con el crimen. Ejemplo claro de esto son los delitos vinculados a los automotores, por el negocio de los desarmaderos, y la trata de mujeres, que al atravesar varias jurisdicciones sólo es posible por la aquiescencia de las fuerzas de seguridad en las fronteras interprovinciales, entre otras.
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