El gobernador de la provincia de Mendoza ha dictado un decreto que por una parte plantea que la provincia actuará como querellante en las causas por los derechos humanos y por la otra crea el sistema de protección de testigos en las mismas, ambas medidas constituyen una burla mientras continuén entre sus filas dos represores como son Rico y Gómez, ambos miembros de grupos que participaron en la represión ilegal durante la dictadura militar, el primero, que alardea de haber sido capacitado en el hasta ahora desconocido Centro de Instrucción Contrasubversivo, cuya función era capacitar a los represores teórica y prácticamente, según obra en el informe elaborado por el mismo Rico, el segundo pertenecía al D2, el CCD más importante de la provincia por el que pasaron más de 300 secuestrados, y en el que ninguno de sus integrantes podía estar ajeno a la represión.
Tanto el gobernador como sus ministros Aguinaga y Marchena no se encuentran a disgusto con los antecedentes de estos genocidas, es más ahora a través del reciente programa están dispuestos a entregarles la custodia de los testigos de las causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura a los propios represores acusados en ellas.
En la provincia como en muchas otras, el grueso de la fuerza represiva fue aportado por la policía provincial, intervenida por las FFAA, a cargo primero del Vicecomodoro Santuccione y luego por el Vicecomodoro Paris Francisca, en coordinación con la delegación de la Policía Federal, el Ejército y la Fuerza Aérea. En consecuencia la mayor parte de los asesinos se encuentra entre las filas de la policía provincial.
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