La Carta al Lector que Los Andes no publicó

El ex – Fiscal Aldo Giordano, pretende confundir la denuncia­ planteada por los organis­mos de derechos humanos contra el Comisario (R) Carlos Rico con una “vendetta”. Nada más alejado de la realidad. Las acusaciones se han planteado, como corresponde en un estado de derecho ante la justicia, que en su momento oportuno deberá pronunciarse al respecto. Sin em­bargo, dado lo singular de la situación, puesto que se trata de un funcionario público, cuya posi­ción le permite, como de hecho le permitió investigar los antecedentes de una testigo en su contra, y utilizar el aparato estatal a fin de hostigar y perseguir a testigos que puedan prestar su declaración e impedir el normal desarrollo de la justicia, parece natural y necesario pedir su alejamiento. En definitiva, la desaparición de Jorge Julio López y el asesinato del prefecto Héctor Febrés constituyen antecedentes claros respecto de los riesgos que corren quienes declaran en las causas de derechos humanos, incluso aquellos que participaron de la represión como Carmelo Cirella, preso en la Penitencia­ría Provincial, que se desdijo del testimonio brindado ante la CONADEP, hace más de 20 años tras haber sido reiteradamente amenazado de muerte, tanto él y como su familia.

Las acusaciones no son peregrinas ni caprichosas, surgen de sus propios antecedentes y pese a las recientes manifestaciones del Subsecretario (Diario Los Andes, 24/12/08), que son pueriles a la hora de refutar los sólidos argumentos en su contra, como sostener que su entrena­miento contrasubversivo, en pleno desarrollo del “Operativo Independencia”, consistía en esca­lar edificios y sortear obstáculos, se sustentan en la esencia misma de lo que era el Terrorismo de Estado. El hecho de que fuera un suboficial en ese momento, no hace más que ponerlo en el escenario operativo, obedeciendo órdenes aberrantes, pero igualmente responsable del mismo modo que Siniscalchi o Smaha, hoy bajo arresto. La negación de estos extremos no es producto del desconocimiento, puesto que el propio ex – Fiscal, según sus palabras, fue víctima del Terro­rismo de Estado, no obstante lo cual, hoy milita en el Partido Demócrata, partido que no llega desde hace muchas décadas al gobierno de la provincia por el voto popular, sino como elenco estable de todas las dictaduras o mediante acuerdos que responden a lógicas extrañas a las urnas.

El Subsecretario no es, como lo pretende el ex – Fiscal, una víctima indefensa e inerme, se­cuestrada por un grupo de encapuchados, armados hasta los dientes que entran con el amparo de la noche y de las zonas liberadas en su casa y es arrastrada por la fuerza y sometida con violen­cia brutal a un traslado con destino incierto. Es, muy por el contrario, un funcionario pú­blico, con todo el poder sobre la Policía, una policía, que a lo largo de los años de nuestra re­ciente democracia, ha sido cuestionada reiteradamente por violaciones a los derechos humanos, ligadas a prácticas de la dictadura (desapariciones, asesinatos y torturas). Una policía a la que cuesta mucho despegar de la poderosa impronta del vicecomodoro Augusto César Santuccione, para desgracia de todos los ciudadanos y de los propios policías. Y que pese a las buenas intencio­nes de algunos funcionarios como Cazabán, volvió a hacer inteligencia sobre organizacio­nes políticas opositoras, como el Polo Obrero (Diario Los Andes, 06/01/08), lo cual no es un dato menor, como pretende soslayar el ministro Aguinaga, pues la ley 25.520 (art. 4, inc. 2°) lo pro­híbe, sin importar el tamaño ni la representatividad de la organización. O, acaso ¿piensa el minis­tro, que las minorías pueden ser investigadas por la inteligencia criminal (DIC), a contramano de la legislación nacional y de la Reforma Policial, a la cual el mismo prestó acuerdo?

No hay juicio anticipado en la acusación ni en la exigencia de la remoción de la función pú­blica, el ex – Fiscal enturbia lo que es claro para un estudiante de primer año de derecho, y que implica que Rico no precisa desafuero alguno, sino que su alejamiento como su nombra­miento, son resortes exclusivamente políticos que no precisan necesariamente del desarrollo de las causas judiciales. Tanto celo en la cerrada defensa que hacen del cuestionado subsecretario, el ministro y el legislador, resulta exagerado y desproporcionado, y hasta contradictorio con la función pública, la cual exige idoneidad intelectual y ética, y dar prioridad a los intereses públicos por sobre las amistades y las relaciones privadas. Es muy difícil entender que la seguridad de Mendoza dependa exclusi­vamente del destino de Rico y sus hombres, como parece asegurar el ministro al decir que las denuncias de los organismos de derechos humanos entorpecen su gestión en el área, ello no habla más que de un paupérrimo control sobre la misma, ya que el subsecretario ni siquiera ha sido sus­pendido preventivamente y no obstante ello, la seguridad no ha mejorado en lo absoluto.